Manifiesto de Economía Sol en apoyo a la Sanidad Pública
Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013 suponen para la sanidad pública la privatización total de los seis hospitales de modelo semiprivado que ya existían, el desmantelamiento de los hospitales de La Princesa y Carlos III, la privatización de todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento, etc.) de toda la red de hospitales públicos, así como la fusión de sus servicios sanitarios. También imponen la privatización de la gestión de 27 centros de atención primaria y la implantación del euro por receta.
Estas medidas son un paso más en un proceso de privatización
previamente planificado que se inicia en 1991 con el Informe Martorell,
encargado por el gobierno del PSOE a una comisión presidida por Fernando
Abril Martorell, empresario, banquero y exprocurador en las Cortes
franquistas, y a nueve vicepresidentes, de los cuales siete estaban
relacionados con la sanidad privada y la industria farmacéutica. Las
recomendaciones más destacadas del informe fueron la reducción de las
prestaciones sanitarias, la introducción del repago por acudir a
consultas, urgencias o por pruebas diagnósticas, extender a los
pensionistas el pago del 40% de las recetas, y potenciar la
participación de la empresa privada en el sistema sanitario público.
Cuando se hizo público el informe, una intensa movilización social que
culminó en una Huelga General hizo que fuera descartado de forma
oficial, a pesar de lo cual, como se puede comprobar, se convirtió en la
hoja de ruta del proceso de privatización.
En 1997 se aprueba, con los votos de PP, PSOE, CiU, PNV y CC, la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, que
permite que los centros sanitarios y socio sanitarios sean gestionados
por cualquier tipo de entidad, pública o privada. Con ello se da entrada
al ánimo de lucro en la sanidad pública.
El primer hospital de financiación pública y gestión privada se
inauguró en 1999 en Alcira, tras lo cual este modelo se ha extendido por
diferentes comunidades autónomas, siendo en Madrid donde ha alcanzado
su mayor desarrollo. El modelo consiste en que una empresa privada
recibe gratuitamente miles de metros cuadrados de suelo público donde
construye el hospital y dispone el equipamiento básico. Una vez
finalizada la obra se lo alquila a la Administración correspondiente por
un canon anual durante un periodo aproximado de 30 años.
Los estudios realizados en Gran Bretaña, donde este modelo lleva más
tiempo implantado, demuestran que los costes se multiplican por 6
respecto a los de un hospital de gestión pública. Un estudio comparativo
entre la Fundación Jiménez Díaz, de gestión privada, y el Hospital
Ramón y Cajal, de gestión enteramente pública, en relación a la gestión
de servicios sanitarios demuestra que este último, con un presupuesto
solo superior en un 13%, gestiona el doble de camas y de quirófanos, con
pacientes con patologías mucho más complejas.
Este modelo no solo incrementa los gastos públicos sino que presenta
otros inconvenientes económicos. A pesar de que la gestión es privada y
los beneficios obtenidos también, en caso de pérdidas estas son
cubiertas por las administraciones públicas. En 2011 siete hospitales de
gestión privada de la Comunidad de Madrid reclamaron 80 millones de
euros por gastos no esperados y un aumento en la asignación anual de 9,8
millones.
En 2003 el hospital de Alcira presenta pérdidas superiores a los 5
millones de euros. El gobierno del PP de la comunidad valenciana fue al
rescate de la empresa gestora pagando 43,9 millones de euros en concepto
de bienes y 26 millones en concepto de indemnización para cubrir el
lucro cesante de los 6 años de explotación que restaban. El contrato de
gestión se rescindió, pero la nueva adjudicación, un contrato en el que
se sumaban a este hospital 13 Centros de Salud y una mejora de las
condiciones económicas, recayó sobre la misma empresa.
La gestión privada de los hospitales termina en manos de empresas
constructoras, aseguradoras o financieras, en muchos casos vinculadas a
tramas de corrupción o ligadas a fondos de capital riesgo, que pasan de
la burbuja inmobiliaria a la burbuja sanitaria. Nuestra salud queda en
manos de empresas privadas sin ninguna experiencia en el ámbito de la
sanidad, que sólo buscan un nuevo espacio de benéfico económico. Esto
ocurre, al igual que en los procesos de privatización de otros servicios
públicos, en connivencia de las élites económicas con los poderes
políticos.
Pero lo más grave es que la gestión privada no solo es más cara, sino
que revierte en servicios de peor calidad, como denuncia la propia
Organización Mundial de la Salud. Los hospitales de gestión privada
presentan mayores porcentajes de mortalidad y de complicaciones
post-operatorias (neumonía, insuficiencia respiratoria e infecciones
urinarias) aún a pesar de que en ellos se realiza un menor número de
intervenciones de riesgo. Por otra parte, cuando se analizan los niveles
de esperanza de vida se comprueba que son más elevados en países con
sistemas sanitarios con un fuerte componente público, frente a aquellos
en los que predomina el sector privado.
Es lógico que cuando los servicios públicos (sanidad, educación,
energía, agua, transportes…) pasan a ser gestionados por una empresa
privada con ánimo de lucro, sean más caros y/o de peor calidad pues al
coste de cubrir el servicio hay que añadirle el beneficio. Esto
normalmente se hace a costa de incrementar el gasto final o bien de
reducir la inversión (personal, materiales, mantenimiento, etc.). O
incluso de ambas cosas cuando el objetivo no solo es el beneficio sino
el beneficio creciente. Las empresas privadas no buscan ofrecer
servicios públicos de calidad a la población, sino repartir beneficios
entre sus accionistas.
La justificación para la privatización de la sanidad se basa en la
mentira de que la sanidad pública española es insostenible debido a su
elevado gasto y que la gestión privada nos permite obtener mejores
resultados reduciendo costes. Pero como hemos comprobado, la gestión
privada ofrece peores servicios e incrementa el gasto, a lo que hay que
añadir que si hay pérdidas o no se obtienen los beneficios esperados,
como ocurre en muchos casos, somos los ciudadanos los que pagamos por
medio de nuestros impuestos. A lo que hay que añadir que hasta hace
pocos años el Sistema Nacional Público de Salud español aparecía como
referente a nivel mundial y dentro de la Unión Europea situándose entre
los más eficientes.
Además es importante saber que en el Estado español el gasto
sanitario (al igual que el gasto en educación y prestaciones sociales)
es inferior a la media de la Unión Europea y está por debajo del
promedio de la OCDE en gasto per cápita. El problema del déficit público
no es el elevado gasto, como nos hacen creer, sino los ingresos
insuficientes. España es uno de los países de la Unión Europea donde los
ingresos son más bajos, porque las grandes empresas y fortunas pagan
menos impuestos y el fraude fiscal anual se eleva a unos 90 mil millones
de euros, de los cuales 3/4 partes proviene de estas mismas grandes
empresas y grandes fortunas, en manos de las cuales se pretenden dejar
los servicios públicos.
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