Recién comienzo a leer el libro de "El burócrata y el pobre. Relación administrativa y tratamiento de la miseria", de Vincent Dubois y ya se agolpan algunas ideas que señalan algunos espacios y relaciones sobre los que no suele ponerse el foco y que sin embargo son fundamentales para entender el papel que como profesionales jugamos entre la institución y la ciudadanía.
Porque mucho se viene hablando sobre la disolución de las identidades clásicas en la sociedad actual, en la que el trabajo (y el papel que juega en relación a construir el "quien soy") está en crisis, los roles familiares y relacionales se transforman a toda velocidad y la tradición es vista muchas veces más como algo a lo que enfrentarse que como un pozo del que nutrirse. Pero pocas veces se aborda cómo ante esta falta de referentes la administración y la relación que que la ciudadanía tiene con ella termina jugando un papel cada vez más importante a la hora de definir la identidad personal, especialmente en el caso de quienes van a pedir ayuda a los diferentes dispositivos que en algún momento se alinearon con el "estado del bienestar".
Porque en este momento de debilitamiento de los espacios y redes de socialización comunitaria, las administraciones abiertas al público terminan apareciendo como espacios privilegiados de relación humana y de identificación de uno/a mismo/a. Así, la puerta de la consulta de atención primaria o del despacho de Servicios Sociales se abre a unas realidades que desbordan muchas veces su supuesto papel, y al mismo tiempo contribuyen a moldearlas dentro del sistema del que forman parte.
Esto es especialmente significativo en los casos en los que la relación se articula en torno al señalamiento de una necesidad, limitación o dificultad, siendo ésta la que justifica el ser atendido, y como tal es analizada, medida y juzgada, de manera que esta "tara" termina siendo la carta de presentación de cara a la administración, pero "encarnándose" de alguna manera y modelando la identidad de la persona, que termina interiorizando su situación a partir de ella, en una posición de inferioridad respecto al resto de la sociedad.
Al mismo tiempo, el paso de un abordaje más colectivo de los problemas sociales a una mayor individualización, como se ha producido en las últimas décadas, termina reforzando un enfoque más personalizado y biográfico que se construye en diálogo con las categorías fijadas por la administración, que tiene el poder de definir si eres "víctima", "persona en riesgo", "discapacitado", "dependiente", etc. Esta identificación por categorización termina imponiendo a las personas la manera en la que deben vivir su propia vida, asignándoles un lugar, aunque no sea el que ellas mismas reivindican. Una categorías que no son solamente rúbricas de una nomenclatura administrativa, sino que son también categorías de juicio, y que por tanto a la hora de aplicarse pueden potenciar el rol de superioridad y dominación por parte del personal administrativo que las prescribe.
De esta manera, la relación con la administración y el proceso identitario que genera termina siendo ambivalente, ya que produce al mismo tiempo relación social y coerción, contribuye a ayudar a las personas en situación difícil a salir adelante al mismo tiempo que les mantiene en su lugar dificultando su promoción. Así, los papeles que fijan la situación (y de esta manera la identidad) de una persona, resultan ser al mismo tiempo vectores de imposición normativa y de integración.
Un militante de ATD Cuarto Mundo comentaba una Universidad Popular hace unos meses "¿Porqué están todo el día preguntando a ver si mi mujer es puta o mi hijo se droga?¿Es lo único que les interesa?". Otra comentaba "Para obtener ayudas tengo que decir que soy víctima de violencia de género. Pero ya no lo soy, ya superé esa etapa. Pero es la única manera de conseguir lo que necesito".
¿Qué papel queremos jugar? ¿Cómo revisar nuestro papel como profesionales de manera que podamos potenciar el vínculo social que se ofrece en los dispositivos en los que estamos sin encerrar en categorias estancas y marginadoras? Todo un tema a ir revisando...
El neoliberalismo ha conseguido
hacer hegemónico su credo ideológico y modelo socioeconómico. El
elemento central está en la creencia “religiosa” en el papel del mercado
y en el beneficio. Además se promueve el valor de la responsabilidad y
capacidad individual y del ámbito del sector privado como proveedor de
servicios más eficientes haciendo que el “bien común” (sanidad,
educación, asistencia social,..) disminuya como
valor de uso para satisfacer las necesidadades de la población
hipertrofiando el valor de cambio como táctica del capitalismo. Ahora
bien sustituir el concepto de “beneficio social” por “rentabilidad
económica” tiene graves repercusiones.
Desde tres décadas sufrimos de la crisis económica en el sistema capitalista por el modelo de desarrollo escogido de acumulación de capital y las orientaciones neoliberales hegemónicas dominantes para la salida de la misma. La crisis además de ser una estafa, por el engaño en que nos han mantenido y los beneficiados de todo el proceso, es un buen pretexto para el desarrollo de un modo de producción que no admite otra lógica que el triunfo total de sus presupuestos.
El sector servicios posee una importancia económica creciente, tras la caída de beneficios de la industria, y hacia él se dirigen las inversiones de las grandes empresas estadounidenses y europeas. El objetivo con el que trabaja la Organización Mundial del Comercio (OMC), en sus distintas rondas de negociaciones, es la liberalización completa del sector servicios, para lo cual es preciso erradicar o reducir a mínimos los sistemas públicos y limitar al máximo de las intervenciones de los Estados.
La OMC atribuye un papel decisivo a los Estados para facilitar el acceso a los servicios públicos del sector privado a través de la reforma del marco legal que regula la contratación por la administración pública de servicios, fondos de inversión y productos privados. El asalto a los sistemas públicos está diseñado hasta sus últimos detalles. Se llevan a cabo reformas estructurales en todos los ámbitos: recortes financieros, fragmentación de actividades, contratas y subcontratas, reducciones de personal y precarización, degradación de las infraestructuras de los servicios públicos, y, sobre todo, introduciendo como ley suprema la rentabilidad económica, degradando el carácter de servicio público y promoviendo la inviabilidad del estado social (mal llamado del bienestar), que debe desmontarse, y promoviendo la Agenda de Salud del siglo XXI (partnership colaboración publica/privada, minimizar y desregular lo público y aumento del copago).
Desmontar los sistemas sanitarios públicos es un medio para restringir derechos, trasladar el gasto de algunas prestaciones sanitarias a la población y apropiarse las multinacionales de la asistencia sanitaria y de los seguros médicos de los fondos públicos destinados a la sanidad.
Desde tres décadas sufrimos de la crisis económica en el sistema capitalista por el modelo de desarrollo escogido de acumulación de capital y las orientaciones neoliberales hegemónicas dominantes para la salida de la misma. La crisis además de ser una estafa, por el engaño en que nos han mantenido y los beneficiados de todo el proceso, es un buen pretexto para el desarrollo de un modo de producción que no admite otra lógica que el triunfo total de sus presupuestos.
El sector servicios posee una importancia económica creciente, tras la caída de beneficios de la industria, y hacia él se dirigen las inversiones de las grandes empresas estadounidenses y europeas. El objetivo con el que trabaja la Organización Mundial del Comercio (OMC), en sus distintas rondas de negociaciones, es la liberalización completa del sector servicios, para lo cual es preciso erradicar o reducir a mínimos los sistemas públicos y limitar al máximo de las intervenciones de los Estados.
La OMC atribuye un papel decisivo a los Estados para facilitar el acceso a los servicios públicos del sector privado a través de la reforma del marco legal que regula la contratación por la administración pública de servicios, fondos de inversión y productos privados. El asalto a los sistemas públicos está diseñado hasta sus últimos detalles. Se llevan a cabo reformas estructurales en todos los ámbitos: recortes financieros, fragmentación de actividades, contratas y subcontratas, reducciones de personal y precarización, degradación de las infraestructuras de los servicios públicos, y, sobre todo, introduciendo como ley suprema la rentabilidad económica, degradando el carácter de servicio público y promoviendo la inviabilidad del estado social (mal llamado del bienestar), que debe desmontarse, y promoviendo la Agenda de Salud del siglo XXI (partnership colaboración publica/privada, minimizar y desregular lo público y aumento del copago).
Desmontar los sistemas sanitarios públicos es un medio para restringir derechos, trasladar el gasto de algunas prestaciones sanitarias a la población y apropiarse las multinacionales de la asistencia sanitaria y de los seguros médicos de los fondos públicos destinados a la sanidad.