16 nov 2017

¿Quién te hago ser?

Recién comienzo a leer el libro de "El burócrata y el pobre. Relación administrativa y tratamiento de la miseria", de Vincent Dubois y ya se agolpan algunas ideas que señalan algunos espacios y relaciones sobre los que no suele ponerse el foco y que sin embargo son fundamentales para entender el papel que como profesionales jugamos entre la institución y la ciudadanía.

Porque mucho se viene hablando sobre la disolución de las identidades clásicas en la sociedad actual, en la que el trabajo (y el papel que juega en relación a construir el "quien soy") está en crisis, los roles familiares y relacionales se transforman a toda velocidad y la tradición es vista muchas veces más como algo a lo que enfrentarse que como un pozo del que nutrirse. Pero pocas veces se aborda cómo ante esta falta de referentes la administración y la relación que que la ciudadanía tiene con ella termina jugando un papel cada vez más importante a la hora de definir la identidad personal, especialmente en el caso de quienes van a pedir ayuda a los diferentes dispositivos que en algún momento se alinearon con el "estado del bienestar".

Porque en este momento de debilitamiento de los espacios y redes de socialización comunitaria, las administraciones abiertas al público terminan apareciendo como espacios privilegiados de relación humana y de identificación de uno/a mismo/a. Así, la puerta de la consulta de atención primaria o del despacho de Servicios Sociales se abre a unas realidades que desbordan muchas veces su supuesto papel, y al mismo tiempo contribuyen a moldearlas dentro del sistema del que forman parte.

Esto es especialmente significativo en los casos en los que la relación se articula en torno al señalamiento de una necesidad, limitación o dificultad, siendo ésta la que justifica el ser atendido, y como tal es analizada, medida y juzgada, de manera que esta "tara" termina siendo la carta de presentación de cara a la administración, pero "encarnándose" de alguna manera y modelando la identidad de la persona, que termina interiorizando su situación a partir de ella, en una posición de inferioridad respecto al resto de la sociedad.

Al mismo tiempo, el paso de un abordaje más colectivo de los problemas sociales a una mayor individualización, como se ha producido en las últimas décadas, termina reforzando un enfoque más personalizado y biográfico que se construye en diálogo con las categorías fijadas por la administración, que tiene el poder de definir si eres "víctima", "persona en riesgo", "discapacitado", "dependiente", etc. Esta identificación por categorización termina imponiendo a las personas la manera en la que deben vivir su propia vida, asignándoles un lugar, aunque no sea el que ellas mismas reivindican.  Una categorías que no son solamente rúbricas de una nomenclatura administrativa, sino que son también categorías de juicio, y que por tanto a la hora de aplicarse pueden potenciar el rol de superioridad y dominación por parte del personal administrativo que las prescribe.

De esta manera, la relación con la administración y el proceso identitario que genera termina siendo ambivalente, ya que produce al mismo tiempo relación social y coerción, contribuye a ayudar a las personas en situación difícil a salir adelante al mismo tiempo que les mantiene en su lugar dificultando su promoción. Así, los papeles que fijan la situación (y de esta manera la identidad) de una persona, resultan ser al mismo tiempo vectores de imposición normativa y de integración.

Un militante de ATD Cuarto Mundo comentaba una Universidad Popular hace unos meses "¿Porqué están todo el día preguntando a ver si mi mujer es puta o mi hijo se droga?¿Es lo único que les interesa?". Otra comentaba "Para obtener ayudas tengo que decir que soy víctima de violencia de género. Pero ya no lo soy, ya superé esa etapa. Pero es la única manera de conseguir lo que necesito".

¿Qué papel queremos jugar? ¿Cómo revisar nuestro papel como profesionales de manera que podamos potenciar el vínculo social que se ofrece en los dispositivos en los que estamos sin encerrar en categorias estancas y marginadoras? Todo un tema a ir revisando...


9 nov 2017

La sanidad y sus hilos

Hay iniciativas que hay que conocer y recursos que hay que guardar en la caja de herramientas porque en algún momento las necesitaremos. Es el caso de Audita Sanidad, que hace pocos días ha presentado su Informe sobre los lobbies en la contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016 (Comunidad de Madrid).

Como muestra del interés que tiene este colectivo, acá va una parte de su análisis de las transformaciones que está sufriendo el sistema sanitario en el momento actual:

¿Cómo se aplica el modelo neoliberal a la privatización y mercantilización del sistema sanitario?

El neoliberalismo ha conseguido hacer hegemónico su credo ideológico y modelo socioeconómico. El elemento central está en la creencia “religiosa” en el papel del mercado y en el beneficio. Además se promueve el valor de la responsabilidad y capacidad individual y del ámbito del sector privado como proveedor de servicios más eficientes haciendo que el “bien común” (sanidad, educación, asistencia social,..) disminuya como valor de uso para satisfacer las necesidadades de la población hipertrofiando el valor de cambio como táctica del capitalismo. Ahora bien sustituir el concepto de “beneficio social” por “rentabilidad económica” tiene graves repercusiones.

Desde tres décadas sufrimos de la crisis económica en el sistema capitalista por el modelo de desarrollo escogido de acumulación de capital y las orientaciones neoliberales hegemónicas dominantes para la salida de la misma.  La crisis además de ser una estafa, por el engaño en que nos han mantenido y los beneficiados de todo el proceso, es un buen pretexto para el desarrollo de un modo de producción que no admite otra lógica que el triunfo total de sus presupuestos.

El sector servicios posee una importancia económica creciente, tras la caída de beneficios de la industria, y hacia él se dirigen las inversiones de las grandes empresas estadounidenses y europeas. El objetivo con el que trabaja  la Organización Mundial del Comercio (OMC), en sus distintas rondas de negociaciones, es la liberalización completa del sector servicios, para lo cual es preciso erradicar o reducir a mínimos los sistemas públicos y limitar al máximo de las intervenciones de los Estados.
La OMC atribuye un papel decisivo a los Estados para facilitar el acceso a los servicios públicos del sector privado a través de la reforma del marco legal que regula la contratación por la administración pública de servicios, fondos de inversión y productos privados. El asalto a los sistemas públicos está diseñado hasta sus últimos detalles. Se llevan a cabo reformas estructurales en todos los ámbitos: recortes financieros,  fragmentación de actividades, contratas y subcontratas, reducciones de personal y precarización, degradación de las infraestructuras de los servicios públicos, y, sobre todo, introduciendo como ley suprema la rentabilidad económica, degradando el carácter de servicio público y promoviendo la inviabilidad del estado social (mal llamado del bienestar), que debe desmontarse, y  promoviendo la Agenda de Salud del siglo XXI (partnership colaboración publica/privada, minimizar y desregular lo público y aumento del copago).

Desmontar los sistemas sanitarios públicos es un medio para restringir derechos, trasladar el gasto de algunas prestaciones sanitarias a la población y apropiarse las multinacionales de la asistencia sanitaria y de los seguros médicos de los fondos públicos destinados a la sanidad.

La conversión de estos servicios públicos en verdaderos sectores productivos y la transformación del concepto salud en una mera mercancía, se está realizando mediante procesos de desinformación a la opinión pública, y bajo el pretexto de la modernización de los dispositivos asistenciales y la incorporación de formas de organización más acordes con los avances teóricos y tecnológicos, con la clara intención de ocultar lo que en realidad son decisiones políticas conscientemente planificadas.
En el sector del servicio sanitario público hay una estrategia introducida de forma lenta y subrepticiamente que tiene las siguientes dimensiones:

 La económica se caracteriza por un lado por la privatización lenta pero progresiva de la financiación pública  mediante recortes presupuestarios; aumento de la participación económica obligatoria de los ciudadanos y por otro lado por la incentivando la inversión privada para que aumente el % del gasto sanitario global a expensas del sector privado y el papel del mercado y del consumo en la satisfacción de las necesidades en salud de la población.  

La sanitaria se caracteriza por priorizar los objetivos sobre la enfermedad, limitando las actuaciones preventivas, promotoras o rehabilitadoras; focalización en la reducción de costes sin preocupación en la calidad y en la satisfacción de necesidades; ruptura del aseguramiento único, obligatorio y universal que genera la selección negativa de riesgos, el aumento de la desigualdad, la disminución de los recursos públicos, la ruptura de la solidaridad y el aumento del gasto sanitario ; la privatización de la provisión de los servicios con un incremento de la provisión privada y la desregulación del sistema sanitario público creando un marco legal que ha posibilitando medidas como la separación de las funciones de financiación, compra y provisión de servicios, la privatización de la gestión de centros públicos (dando lugar a la creación de empresas públicas, consorcios, fundaciones públicas o institutos clínicos), el impulso al acceso de financiación pública para la oferta privada, la reorganización política de los centros públicos e instauración de una nueva organización del trabajo a través de la gestión clínica y la introducción de la competitividad y mecanismos de mercado; en la política de personal, se introducen elementos de mayor flexibilidad y precariedad en el empleo y alternativas de contratación parcial o por vía de empresas privadas de servicios y propiciando también reestructurar el papel de los profesionales.

Por último se produce una redistribución del poder con mantenimiento de un peso fundamental de los sectores profesionales médicos, de las industrias; de la farmacéutica, electro medicina,  informática y de las aseguradoras, y reforzando el papel de la tecno-estructura y de los partidos políticos, pero dejando muy limitado el papel de la comunidad y de la población. Se controla, limita y se obstaculiza la participación de la población de forma organizada y de los trabajadores del sector en la planificación, gestión y evaluación del sistema en todos los niveles.

La dimensión sociocultural se centra en la creación de una imagen por la que la enfermedad sería el resultado de la responsabilidad individual. Así se configura una conciencia que culpabiliza al individuo en el desencadenamiento de la enfermedad, exonerando a la estructura socioeconómica, que se considera como una constante ajena al proceso de enfermedad. Por otro lado se introducen con mayor fuerza, por los instrumentos habituales del mercado, los estímulos al consumo de bienes, servicios y productos tecnológicos producidos por las industrias ampliamente rentables del sector pero no siempre avalados científicamente como útiles para la prolongación de la vida. Por último se potencia la desigualdad en el acceso sanitario y en los niveles de salud.

Los mecanismos que se utilizan son muy diversos:

Legislativos y presupuestarios
  • Cambio de los marcos legislativos que diseñaban nuestro modelo sanitario. Legislaciones Autonómicas (en Madrid, LOSCAM), Ley 15/97, cambio constitucional del 2011, leyes de Acompañamiento de los Presupuestos,  RDL 16/2012,…
  • Desarrollo de políticas de control y restricción de la financiación, inversión y gasto público. El recorte en los presupuestos del Estado dedicados a la financiación del servicio sanitario público que ha pasado del 6,5 % PIB en 2011 al 5,1% en 2014. Las repercusiones de estas políticas restrictivas han sido muy negativas tanto sobre los recursos como sobre la calidad de la atención prestada.
  • Adelgazamiento del sector sanitario público con disminución de plantillas y su reposición en un 10% con aumento de las jornadas laborales con sobrecargas asistenciales, baja reposición de materiales y recursos,  escasa inversión de nuevos recursos.
  • Traslado de una mayor parte de la factura sanitaria a los bolsillos de los ciudadanos y aumento de la aportación de los trabajadores en los ingresos del Estado.  En la última década el % del gasto privado ha pasado del 20 al 30% del gasto sanitario total.
  • Supresión del derecho universal a la asistencia sanitaria para toda la ciudadanía y restricción de las prestaciones financiadas públicamente.
  • Ruptura del aseguramiento único y propiciar aseguramientos complementarios privados desgravables fiscalmente.
  • Creación de líneas directas de créditos así como política fiscal favorecedora de la iniciativa privada y la introducción de instrumentos desregularizadores del sistema público para permitir la expansión rentable y generadora de plusvalías de los sectores privados.
Privatización de la sanidad pública
  • Fragmentación de la red sanitaria pública y privatización de la provisión de servicios mediante la externalización y subcontratación de servicios, la privatización de la gestión y la empresarialización de los centros de gestión directa.
  • Promoción de la iniciativa privada. Las llamadas externalización (simplemente privatizaciones)  y concesiones administrativas. PFI y PPP…. Crear lobby de la empresas privadas con sus sistemas de mercadotecnia.
Estrategia de comunicación
  • Desprestigio y deslegitimación del servicio público
  • Difusión por los medios de comunicación, redes sociales y demás medios (congresos, talleres, etc.) el argumentario neoliberal contra el sistema sanitario público para violentarlo y crear otra conciencia social
  • Mensaje reiterativo sobre lo caro, costoso e insostenible que es el sistema que habría  generado una deuda pública causa de la actual crisis. “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y por tanto hay que establecer un Plan de Sostenibilidad del SS público.
  • La deuda sanitaria, culpa de anteriores gobernantes y de gestores del sistema era cuantiosa y ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema
  • Mal  gastamos y mal usamos las prestaciones sanitarias. Se abusa de ellas.
  • Ineficiencia en la gestión del sistema  sanitario por ser público y por las normas rígidas de las administraciones públicas.
  • Defensa de sus intereses y privilegios por parte de los funcionarios por encima del bien e interés común de los ciudadanos. Se apoltronan.
  • Mucha variabilidad en la práctica clínica.
  • La gestión y provisión privada es más eficiente, de mejor calidad y seguridad.
  • Mucha ciudadanía de otros países se aprovechaban del  sistema sanitario y  venían a “beneficiarse” del mismo, sin haber cotizado.
  • Turismo sanitario como excusa para la limitación al acceso universal.
  • Libre elección: el individuo debe tener capacidad de elegir libremente cómo resolver sus necesidades y problemas de salud y su centro de salud Debe pasar a ser cliente y consumir lo que desee, pueda y necesite (consumerismo). El abordaje personalizado y la libertad de elección de los recursos por parte del ciudadano como paradigmas centrales.