¡No a las reformas sanitarias que pueden costar vidas!

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España: ¡No a las reformas sanitarias que pueden costar vidas!

La retirada de tarjetas sanitarias a migrantes en situación irregular puede poner en peligro la vida de miles de personas. Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge exigen a las Comunidades Autónomas que no adopten medidas regresivas en el acceso a la salud y que mantengan la asistencia sanitaria para todas las personas. ¡Actúa!

¡No a las reformas sanitarias que pueden costar vidas! Aisha es una mujer marroquí. Con motivo de la crisis perdió su trabajo y con ello el permiso de residencia. Le detectaron un cáncer de pecho hace dos años y medio cuando estaba embarazada. Sufrió una mastectomía y le aplicaron quimioterapia. Ahora va al médico cada dos meses. Sin tarjeta de residencia no podrá continuar su tratamiento. Carmen es chilena y se encuentra en situación administrativa irregular. Necesita diálisis porque sus riñones sólo funcionan al 22 por ciento. Si pierde el acceso al sistema sanitario no podrá asumir el coste de la máquina de diálisis de la que depende su tratamiento. La reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede costar vidas. La limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la universalidad del acceso a la atención sanitaria para las personas españolas constituyen medidas regresivas y discriminatorias. Además de vulnerar obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la vida de las personas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha recomendado a España que la "reforma sanitaria adoptada no limite el acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal". Recomienda revisar las reformas implementadas para garantizar que todas las medidas de austeridad mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos. Las Comunidades Autónomas, desde el respeto a sus competencias deben garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación. Sin necesidad de crear un sistema sanitario paralelo en colaboración con las organizaciones sociales que no garantice el mismo nivel de calidad. El derecho a la vida de miles de las personas depende de ello.