2 feb. 2012

De drogas

Curiosa coincidencia la que aparece en el último número de Diagonal en su sección Cuerpo. Por un lado, un artículo muy interesante (por lo menos para alguien profano en ese campo como soy yo) sobre el debate en torno a los tratamientos forzosos en psiquiatría. Parece ser que la presentación de nuevos medicamentos es un buen lugar para hacer un llamamiento en favor de los tratamientos obligados para aquellas personas que l@s psiquiatras decidan que lo necesitan. Menos mal que hay otr@s profesionales del mismo campo que demuestran una mayor amplitud de miras, aparte de una visión menos contaminada por la industria. Así, para Marfà (psiquiatra y secretario de La Comisión de Ética de la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental), el camino ha de tender hacia “proveer los recursos comunitarios precisos para cada patología y situación vital. No hay otra opción, aunque pueda presentar distintos nombres: programa comunitario estilo nórdico, tratamiento asertivo comunitario u otro tipo de programas que tienen en común la provisión de recursos psicoterapéuticos, farmacológicos, y comunitarios, como alojamiento, integración laboral, etc.”. Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, María Fe Bravo Ortiz, tampoco duda a la hora de mostrar su desacuerdo, y apuesta por reforzar como eje fundamental del tratamiento la alianza terapéutica (un acuerdo entre paciente y terapeuta sobre los objetivos de la psicoterapia basado en una relación de confianza y respeto mutuo). A su vez, Bravo considera que todo esto no es más que un intento de “distraer la atención sobre lo fundamental para implicar en su tratamiento a las personas con trastornos mentales graves: la disponibilidad de servicios y equipos de tratamiento que trabajen asertivamente en la comunidad, además del trabajo de la alianza terapéutica”.

Y unas líneas más abajo de este debate sobre si se puede obligar o no a una persona con diagnóstico de trastorno mental una sustancia que altera su comportamiento, una reseña sobre otro tipo de drogas, pero estas ilegales.

"En 1980, el paquete de 20 cigarrillos de una de las marcas más comunes en el mercado costaba 60 pesetas (0,36 euros). En 2011, el precio del mismo producto es de 3,80 euros en el estanco, lo que quiere decir que su valor se ha multiplicado por 12.6. (...)  Actualmente los impuestos suponen el 80% del precio del tabaco, lo que da idea de su importancia como fuente de ingresos para el Estado.

Si hacemos el mismo ejercicio con algunas drogas ilegales, obtenemos resultados bien distintos. El gramo de heroína de 1980 ha dividido su precio por dos (20.000 pesetas en 1980, 60 euros en 2011). La cocaína se habría mantenido estable o incrementado muy ligeramente su precio (40-50 euros en 1980, 50-60 en 2011). Una pastilla de éxtasis costaba en 1986 alrededor de 7.000 pesetas (42 euros) y actualmente puede comprarse por cinco o seis euros.

(...)

Los usuarios de drogas ilegales no tienen la oportunidad de contribuir al sistema a través de impuestos sobre las sustancias que consumen. Es probable que muchos de ellos prefirieran pagar al Estado por un producto controlado en lugar de alimentar los oscuros negocios vinculados al narcotráfico. Alguien debería recordárselo a aquellos que en estos días buscan incrementar ingresos y reducir gastos."

Unas se quieren imponer, otras se mantienen prohibidas... Todas siguen moviendo mucho, mucho dinero, y las políticas que las definen siguen dejando de lado, como algo anecdótico, las prioridades de quienes las consumen, por opción o por obligación.

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