27 may. 2011

Derecho y salud

Resulta interesante la lectura del informe recientemente publicado por Amnistía Internacional llamado Derechos a la intemperie: Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España.

Se incluye dentro del esfuerzo que se está haciendo desde la organización por avanzar en el campo de los Derechos Económicos,  Sociales y Culturales, de manera que no se queden en un catálogo de buenas intenciones sino que sean de aplicación efectiva con posibilidad de recurrir a los tribunales si esto no es así.

En concreto, este informe se centra sobre todo en dos aspectos: el derecho a la vivienda, (no podía ser de otra manera, es una realidad cada día más flagrante en nuestro país, y no sólo por las hipotecas, sino también por la cantidad de personas que jamás podrán acceder a ellas y no encuentran solución residencial duradera) y el derecho a la salud.

En principio sorprende que hablen de vulneración del derecho a la salud, tanto como oímos hablar de las maravillas, la generosidad de nuestro sistema sanitario. Es el mito de la universalidad de la asistencia sanitaria. Sin embargo, según datos del propio Ministerio, hay entre un 0,2 y un 0,4 de la población sin cobertura sanitaria pública y gratuita. No parece tanto, pero al final son entre 90.000 y 180.000 personas, que no son tan pocas.

¿Qué pasa entonces con la legislación que regula el derecho a la salud? Según AI, la legislación vigente, como la Ley General de Sanidad, enuncia el derecho pero sin disponer mecanismos y recursos específicos que respondan de manera idónea ante la vulneración  de los derechos recogidos en la ley. Y es que esta ley está más bien orientada a organizar  la distribución de competencias, estructura y funcionamiento del sistema sanitario que a garantizar el acceso a los mecanismos para exigir este derecho.

Por otro lado, en el informe se señalan datos que llaman la atención. Por ejemplo, en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental, según un informe del año 2008 de la OMS, España se encuentra rezagada en relación con el resto de países europeos. Con respecto al número de  psiquiatras, España ocupa el trigésimo segundo puesto de los 43 países estudiados, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes

O el hecho de que los fallecimientos debidos al SIDA sean mucho más numerosos en España que en
otros países europeos.

Al final no todo lo que reluce... Y si encima se potencia el papel regulador del dinero en todo esto, ¡apañados vamos!
 .

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