30 dic 2010

La industria frauduléntica

A través de e-fármacos, Martín Canas hace llegar este estudio que refleja cómo se hacen las cosas desde las farmacéuticas:


La industria farmaceutica sobrepasa a la industria militar en fraudes al gobierno estadounidense

Sidney Wolfe difundió los resultados de un nuevo estudio de la organización Public Citizen.


El estudio identificó que la industria farmacéutica se ha convertido en la mayor responsable de fraude al gobierno federal, superando a la industria militar. En los últimos 20 años pagó casi 20.000 millones de dólares en multas por incumplimientos de la Ley de Reclamaciones Falsas. Más del 50% de las multas de la industria fueron pagadas por solo 4 compañías: Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Pfizer y Schering-Plough. En promedio el 74% de las causas y los montos abonados se produjeron en los últimos 5 anos.

El estudio revela que la industria de medicamentos se ha convertido en el mayor defraudador del gobierno federal, según lo determinado por los pagos que ha hecho por violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA, por sus siglas en ingles), superando a la industria militar, que siempre había sido el líder. Así el trabajo observó que los casos de la industria farmacéutica dieron cuenta al menos del 25 % de todos los pagos de la FCA federales, durante el último decenio, en comparación con 11 por ciento en la industria de defensa. Las causas civiles y penales se han incrementado dramáticamente.


Del análisis de Public Citizen se desprende que la frecuencia con la que la industria farmacéutica ha violado las leyes federales y estatales se ha incrementado en un ritmo alarmante. Del total de 165 causas civiles y penales desde 1991, de las principales compañías farmacéuticas, que involucran 19.800 millones dólares en multas, el 73 % por ciento de las causas (121) y el 75 por ciento del monto en dólares (14.800 millones dólares) se produjeron durante los últimos cinco años.

Como mencionábamos, muchas de las infracciones y la categoría mas frecuente de las sanciones, se derivaron de la practica conocida como promoción por fuera del etiquetado (off label)- que es la promoción ilegal de un fármaco para usos no aprobados por la Food and Drug Administration (FDA). La promoción por fuera del etiquetado puede ser perseguida como un delito debido a la posibilidad de que estas actividades pueden tener consecuencias perjudiciales graves para la salud. Otra categoría importante de sanciones económicas federales fue el sobrecargo deliberado de los medicamentos con cobertura a través de diversos programas federales, lo que constituye una violación de la FCA.

El estudio de Public Citizen encontró que a nivel estatal, la categoría mas frecuente de causas y sanciones pecuniarias provino de empresas que deliberadamente sobrecargaron programas estatales de salud, como Medicaid.

De acuerdo a Sidney Wolfe, director del Grupo de Investigación en Salud de Public Citizen este aumento de los pagos de multas por fraude probablemente pueda atribuirse a que las compañías farmacéuticas participan en más delitos, pero también a una mejor aplicación de las regulaciones a nivel estatal y federal.

"Desesperada por mantener su alto margen de ganancias, enfrentando una importante disminución del numero de nuevos medicamentos, estas cifras muestran que la industria ha participado en actividades como la promoción ilegal, peligrosa, para usos no aprobados de los medicamentos y deliberadamente ha sobrecargado programas de salud del gobierno que son vitales, tales como Medicare y Medicaid ", dijo Wolfe.

El estudio de Public Citizen también encontró que mas de la mitad de las multas de la industria fueron pagados por solo algunas empresas - GlaxoSmithKline, Pfizer, Eli Lilly y Schering-Plough.

Estas cuatro empresas representan, en términos monetarios, más de la mitad de todas las sanciones financieras en las últimas dos décadas: colectivamente el pago de $ 10.500 millones en multas. Estas empresas farmacéuticas estaban entre las más grandes del mundo. Las dos mayores sanciones penales evaluadas en la historia por el gobierno de EE.UU. contra cualquier empresa, fueron las cursadas en contra de Lilly ($ 515 millones) y Pfizer ($ 1.200 millones), ambos en 2009.

Wolfe concluye que "El riesgo para la seguridad publica y la perdida de dinero estatal y federal que deriva de estas violaciones requieren una respuesta mas sólida"

Dado el tamaño relativamente pequeño de las sanciones económicas actuales, en comparación con las ganancias obtenidas por las empresas, aumentar las sanciones financieras y el enjuiciamiento penal al actual director de la compañía, pueden proporcionar un elemento de disuasión mas eficaz a la conducta ilícita por parte de la industria farmacéutica.

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