Para completar el artículo recogido en la entrada anterior nada mejor que escuchar a la realidad, como se lanzaron a hacer en un barrio de Mallorca, para entender mejor los efectos de criminal decreto ley que cambió nuestro sistema sanitario.
#eldañoestahecho from Marina Trigueros on Vimeo.
8 sept 2016
23 ago 2016
Sin perdón
Por su interés, copio este artículo de Juan Luis Ruíz-Giménez aparecido en Diagonal.
En 2011, PSOE y Partido Popular cambian el artículo 135 de la Constitución Española con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales. A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.
Una de ellas fue el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia. Instrumento que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad universal del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público con la exclusión de un sector vulnerable y al replanteamiento de las prestaciones sanitarias. Con el RDL quedaron directamente excluidos del sistema las personas inmigrantes en situación irregular, los españoles mayores de 26 años en paro y, según cierto límite de ingresos, los que estuvieran fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias no registradas y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros. El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud, y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultado de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.
Durante 2012, algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, presentaron impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al Tribunal Constitucional. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y, tras ello, varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Marea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL. Según movimientos sociales y sectores profesionales, en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas, e incluso se han pedido vidas.
Con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 presentada por el Parlamento Foral de Navarra (PFN). Esta administración consideraba que se estaba utilizando indebidamente un RDL para normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en el artículo 43 de la Constitución, cambiar del modelo de universalidad al de aseguramiento para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 octubre General de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14), inmiscuirse en competencias de las comunidades autónomas con respecto a la cartera de servicios y temas tributarios (art 12.5) y violar acuerdos internacionales de los derechos humanos.
Este 21 julio del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC haya tardado cuatro años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido.
La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de ocho votos con tres votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio tribunal como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.
El TC, que debiera salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.
Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina:
En primer lugar, el TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tienen que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Española (CE) en su artículo 86.1. en la que se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en el que se recogen determinados límites que tienen que ver con los derechos humanos contemplados en la CE. Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla, y que éstos estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL. La argumentación del TC es que el Gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.
Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por el TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, la consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea, y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas; la ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización; falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea; el crecimiento desigual de las prestaciones; la falta de eficiencia; la morosidad; el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictámenes de la UE del 2009.
Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible”, afirma la justificación del Gobierno. Señala, además, que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.
Existen argumentos contundentes, así como evidencias claras, tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno. Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.
Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del Gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al "insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias". Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante que responde a la infrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastara mucho y mal en sanidad. El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.
La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene que poder para hacerlo y que sólo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su rechazo a la sentencia, y creo y espero que puedan ayudar a plantear recursos a instancias europeas.
En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica el RDL, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.
Otro tema clave es el del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43. La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia, algo que impide el artículo 86.1 de la Constitución.
Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, y que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos internacionales de derechos humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.
En este punto, el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, pues la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención deriva en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva.
Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.
Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los acuerdos y normas internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 de la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.
Recordamos que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y han recordado al Gobierno español que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular. En el último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.
La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.
Otro tema importante es el referido al modelo de sistema sanitario, en especial en cuanto a la universalidad y las prestaciones y su relación con la normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.
La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.
En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del artículo 43 CE con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos. Llama la atención la utilización que hace del término de 'prestaciones sanitarias gratuitas' o 'bonificadas' con total desconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.” Las personas excluidas de la sanidad están pagando un sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.
Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL 16/2012 es muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegítima, y nos indigna por avalar el cambio de modelo sanitario y una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sentencia para generar argumentaciones alternativas.
Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL 16/2012 y un cambio en la Constitución Española que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.
La crueldad de la sentencia del Constitucional a favor del RDL 16/2012
En 2011, PSOE y Partido Popular cambian el artículo 135 de la Constitución Española con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales. A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.
Una de ellas fue el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia. Instrumento que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad universal del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público con la exclusión de un sector vulnerable y al replanteamiento de las prestaciones sanitarias. Con el RDL quedaron directamente excluidos del sistema las personas inmigrantes en situación irregular, los españoles mayores de 26 años en paro y, según cierto límite de ingresos, los que estuvieran fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias no registradas y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros. El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud, y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultado de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.
Durante 2012, algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, presentaron impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al Tribunal Constitucional. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y, tras ello, varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Marea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL. Según movimientos sociales y sectores profesionales, en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas, e incluso se han pedido vidas.
Con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 presentada por el Parlamento Foral de Navarra (PFN). Esta administración consideraba que se estaba utilizando indebidamente un RDL para normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en el artículo 43 de la Constitución, cambiar del modelo de universalidad al de aseguramiento para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 octubre General de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14), inmiscuirse en competencias de las comunidades autónomas con respecto a la cartera de servicios y temas tributarios (art 12.5) y violar acuerdos internacionales de los derechos humanos.
Este 21 julio del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC haya tardado cuatro años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido.
La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de ocho votos con tres votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio tribunal como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.
El TC, que debiera salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.
Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina:
En primer lugar, el TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tienen que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Española (CE) en su artículo 86.1. en la que se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en el que se recogen determinados límites que tienen que ver con los derechos humanos contemplados en la CE. Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla, y que éstos estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL. La argumentación del TC es que el Gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.
Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por el TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, la consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea, y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas; la ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización; falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea; el crecimiento desigual de las prestaciones; la falta de eficiencia; la morosidad; el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictámenes de la UE del 2009.
Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible”, afirma la justificación del Gobierno. Señala, además, que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.
Existen argumentos contundentes, así como evidencias claras, tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno. Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.
Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del Gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al "insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias". Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante que responde a la infrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastara mucho y mal en sanidad. El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.
La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene que poder para hacerlo y que sólo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su rechazo a la sentencia, y creo y espero que puedan ayudar a plantear recursos a instancias europeas.
En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica el RDL, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.
Otro tema clave es el del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43. La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia, algo que impide el artículo 86.1 de la Constitución.
Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, y que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos internacionales de derechos humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.
En este punto, el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, pues la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención deriva en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva.
Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.
Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los acuerdos y normas internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 de la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.
Recordamos que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y han recordado al Gobierno español que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular. En el último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.
La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.
Otro tema importante es el referido al modelo de sistema sanitario, en especial en cuanto a la universalidad y las prestaciones y su relación con la normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.
La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.
En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del artículo 43 CE con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos. Llama la atención la utilización que hace del término de 'prestaciones sanitarias gratuitas' o 'bonificadas' con total desconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.” Las personas excluidas de la sanidad están pagando un sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.
Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL 16/2012 es muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegítima, y nos indigna por avalar el cambio de modelo sanitario y una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sentencia para generar argumentaciones alternativas.
Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL 16/2012 y un cambio en la Constitución Española que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.
17 ago 2016
Cuando brota la vida
Información extraída del artículo "La Geria o el viñedo surrealista"
"Entre 1730 y 1736, una sucesión de erupciones volcánicas cubrió de lavas y cenizas gran parte de la isla de Lanzarote.
Lejos de amilanarse por la contrariedad que supuso la desaparición de
las mejores tierras de cultivo, los isleños buscaron ingeniosas
soluciones que acabaron por mejorar la producción agrícola local.
Una de las zonas más afectadas por las erupciones fueron los valles
interiores. Algunas zonas se cubrieron con más de dos metros de lapilli
(pequeñas piedrecitas volcánicas de color negro que los locales
llaman picón). A través de pruebas, los campesinos descubrieron que los
restos de las erupciones ayudaban a conservar la escasa humedad que
riega los campos de la isla. Estas piedrecitas son higroscópicas,
esto es, atraen al agua y la conservan en su interior. Los cultivos
cubiertos con este tipo de materiales mantienen de manera natural la
humedad; algo muy valioso en un lugar como Canarias.
En La Geria, paisaje protegido por el Gobierno de Canarias,
había que solventar, a parte de la secular racanería de las nubes, otro
problema: el viento. La solución fue ingeniosa. Había que cavar
agujeros de hasta dos metros de profundidad para buscar el suelo
agrícola primitivo. Los agricultores aprovecharon esta contingencia para
proteger, de esta manera, los cultivos de la acción del viento. Una
complicada red de muros y barreras de piedra completan el ingenio. El
resultado es un mosaico increíble que convierte al lugar en uno de esos
sitios casi surreales de los que hay pocos."
Leyendo estas líneas, que tan bien recogen no solo el paisaje,
sino la capacidad de diálogo del ser humano con la naturaleza
para conseguir que brote la vida incluso en las condiciones más adversas,
no hago más que preguntarme si no es este un modelo a seguir y promover como ejemplo y no sólo como excepción curiosa.
¿Cuándo nos decidiremos a apostar por unos cuidados que nos permitan profundizar en nuestras raíces, más allá de la tierra quemada que pueda haber, con una protección suficiente frente a la intemperie, pero que al mismo tiempo nos permita crecer en libertad?
¿Cuando apostaremos de verdad no sólo por solventar lo aparente,
sino por crear las condiciones que nos permitan
a cada uno y a cada una
generar vida a nuestro alrededor?
¿Cuándo?
29 jun 2016
Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas
Serie completa
Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar
Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede
Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien
Salud, Pobreza y Cuidados (IV): Hay recursos, hay activos... pero hay que saber mirar
Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán
Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán
Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas
12 jun 2016
Salud, Pobreza y Cuidados (VI): Liberar la palabra y la experiencia
Hace unos años nos invitaron a participar con algunas personas en situación de pobreza en una jornada para poner en común las diferentes visiones de éstas y de los profesionales de asociaciones y entidades que trabajan "en el sector". La propuesta de partida, muy interesante, consistía en que quienes viven en condiciones difíciles pudieran mostrar a través de algunas fotos hechas por ellxs mismxs cuál es su realidad. Dicho y hecho. Dos mujeres, vecinas del mismo barrio, cogieron la cámara de fotos que les prestamos y se lanzaron a recoger todo el proceso de recuperación de alimentos de la basura que hacían de manera rutinaria cuando se acababa, a los pocos días, la escasa renta de integración que recibían. Aunque se pueda pensar que no hay mucha miga en un procedimiento así, tiene su historia con múltiples detalles: cómo elegir el mejor momento para el día, que no depende sólo de cuando pueda estar más lleno el contenedor sino también de no llamar mucho la atención del vecindario, para así escapar de las miradas y comentarios posteriores; cómo detectar cuáles pueden ser las bolsas con más alimentos a recuperar y en mejor estado; cómo tratar lo recuperado para que tu propia familia no sienta que está comiendo "de la basura"... Muchos detalles que supieron recoger a través de una serie de fotografías realizadas con mucha inteligencia y oportunidad.
Con éstas imágenes en la mochila llegaron las dos mujeres al día del encuentro. Pero pronto decidieron dar marcha atrás: una sala llena de gente desconocida, muchas de ellas trabajadorxs de diferentes instituciones de intervención social. "¿Qué van a pensar cuándo vean estas fotos y que comemos de lo que hay en la basura? ¿Y si hay alguien aquí que conoce a mi trabajadora social y ésta se entera? Lo mismo me quitan a los niños". Ahí terminó la jornada para nosotrxs, y las fotos, como podía ser de otra manera, a la basura.
Hace unos meses, en la presentación de una propuesta de dinámica participativa de personas en pobreza de cara al Ayuntamiento de Madrid, otras dos mujeres se atrevieron a tomar la palabra y dar su opinión sobre el funcionamiento de los servicios sociales. Su intervención generó polémica. Tras ella, una trabajadora social tomó la palabra para decir que su desconfianza respecto a ellxs es exagerada, que no tienen que tener miedo a que les quiten a sus hijxs, que eso nunca se hace salvo en casos excepcionales. "Yo no es que tenga miedo a que me quitéis a mis hijos por lo que me hayan contado. Es que ya me los quitásteis y me costó años recuperarlos", contestó con firmeza una de ellas.
Generalmente, cuando abordamos lo comunitario, cuesta profundizar en las diferentes realidades que ese ámbito contiene. Así, el glosario de Promoción de la Salud de la OMS define Comunidad como "Grupo específico de personas que viven en una zona geográfica definida (barrio, pueblo, mancomunidad, ciudad...), comparten cultura, valores y normas y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su identidad personal y social al compartir creencias, valores y normas comunes que la comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden modificarse en el futuro. Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades comunes y el compromiso de satisfacerlas."
Sin embargo, esto no es algo que pueda proponerse sin más esperando una respuesta espontánea a nuestra buena voluntad. Para quienes han experimentado a lo largo de toda su vida que su palabra no es tomada en cuenta, que su saber no es reconocido y que siempre hay otras personas expertas, con títulos a cuestas, dispuestas a enseñarles el "buen camino" por las buenas o por las malas si es necesario (con diversos instrumentos en su mano para imponer sus directrices), no es fácil participar en pie de igualdad. Acá van algunas condiciones y seguridades que favorecen esta participación, extraídas del documento "Pobreza extrema, participación y acceso a los derechos fundamentales para todas las personas"
- Comprometerse todos juntos a conservar la confidencialidad sobre todo lo dicho y escrito en el trabajo común.
Serie completa
Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar
Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede
Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien
Con éstas imágenes en la mochila llegaron las dos mujeres al día del encuentro. Pero pronto decidieron dar marcha atrás: una sala llena de gente desconocida, muchas de ellas trabajadorxs de diferentes instituciones de intervención social. "¿Qué van a pensar cuándo vean estas fotos y que comemos de lo que hay en la basura? ¿Y si hay alguien aquí que conoce a mi trabajadora social y ésta se entera? Lo mismo me quitan a los niños". Ahí terminó la jornada para nosotrxs, y las fotos, como podía ser de otra manera, a la basura.Hace unos meses, en la presentación de una propuesta de dinámica participativa de personas en pobreza de cara al Ayuntamiento de Madrid, otras dos mujeres se atrevieron a tomar la palabra y dar su opinión sobre el funcionamiento de los servicios sociales. Su intervención generó polémica. Tras ella, una trabajadora social tomó la palabra para decir que su desconfianza respecto a ellxs es exagerada, que no tienen que tener miedo a que les quiten a sus hijxs, que eso nunca se hace salvo en casos excepcionales. "Yo no es que tenga miedo a que me quitéis a mis hijos por lo que me hayan contado. Es que ya me los quitásteis y me costó años recuperarlos", contestó con firmeza una de ellas.
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Generalmente, cuando abordamos lo comunitario, cuesta profundizar en las diferentes realidades que ese ámbito contiene. Así, el glosario de Promoción de la Salud de la OMS define Comunidad como "Grupo específico de personas que viven en una zona geográfica definida (barrio, pueblo, mancomunidad, ciudad...), comparten cultura, valores y normas y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su identidad personal y social al compartir creencias, valores y normas comunes que la comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden modificarse en el futuro. Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades comunes y el compromiso de satisfacerlas."
Esta definición delimita la comunidad como un colectivo mucho más
homogeneo de lo que suele ser en realidad. Se invisibilizan así las
complejas conformaciones de las comunidades geográficas, o la
multicomunitariedad que convive en los territorios y lo que eso
conlleva (a veces a nivel de conflictos, pero también de riquezas y
activos).
Por otro lado, en la definición clásica de desigualdades sociales en salud se señala la desigual distribución de recursos y riquezas, pero no se dice nada del reconocimiento, del "ser tomado en cuenta", que es un
factor también muy determinante de la salud del que pocas veces se
señala su importancia, aunque quienes sufren de esta falta de
reconocimiento lo indican siempre entre los aspectos prioritarios.
Cada barrio, cada territorio, está conformado por una "comunidad de comunidades", diferentes colectivos que configuran la realidad de éste. Se trata de colectivos formados por personas que comparten
un lugar social específico con sus propios valores, normas y
cultura, construidos a partir de unas experiencias, formaciones y
actividades compartidas que determinan su visión de la realidad. Así, por ejemplo, podríamos señalar la comunidad de vecinos reconocida como tal y la comunidad de profesionales que intervienen en la zona, pero también, frecuentemente olvidadas, hay otras comunidades invisibles, las de quiénes habitan los márgenes del sistema social, con poco reconocimiento pero conformando una red con una incidencia propia en el territorio (hablo fundamentalmente de redes de apoyo y sostén mutuo, no nos encerremos en la idea de redes mafiosas o criminales, que es a lo que nos lleva el imaginario "normalizado"). Cada uno de estos grupos constituyen así comunidades específicas que desde su
posicionamiento pueden realizar aportaciones en torno a la cuestión
de la salud y sus cuidados que es necesario reconocer y valorar para
así ponerlas en diálogo y poder buscar acciones conjuntas. Todas ellas, si les damos oportunidad y las reconocemos como tal, pueden funcionar como Comunidades Activas
en Salud.
Sin embargo, esto no es algo que pueda proponerse sin más esperando una respuesta espontánea a nuestra buena voluntad. Para quienes han experimentado a lo largo de toda su vida que su palabra no es tomada en cuenta, que su saber no es reconocido y que siempre hay otras personas expertas, con títulos a cuestas, dispuestas a enseñarles el "buen camino" por las buenas o por las malas si es necesario (con diversos instrumentos en su mano para imponer sus directrices), no es fácil participar en pie de igualdad. Acá van algunas condiciones y seguridades que favorecen esta participación, extraídas del documento "Pobreza extrema, participación y acceso a los derechos fundamentales para todas las personas"
- Reconocer la aportación de las personas en situación de pobreza y tener la voluntad de trabajar juntos para poder formarnos todos. Se trata de admitir que tienen, colectivamente, algo que decir, un pensamiento original que viene de su experiencia vital, de su sufrimiento, de su resistencia a la miseria y a todas las consecuencias de ésta.
- Respetar y garantizar la libertad de cada persona. Para que un diálogo colectivo se inscriba en una lógica de colaboración, es necesario que se establezca entre personas que ni tengan poder ni sean dependientes una de otra. Es por esto que aunque la participación empiece a menudo a nivel local, los diálogos más estructurados (en el marco de la formación de profesionales o de concertación política) deben establecerse con cierta distancia en cuanto a la vida de las personas implicadas.
- Medir los riesgos. El método de trabajo debe de respetar al menos tres condiciones:
- No inducir a las personas a hablar de aspectos demasiado íntimos o difíciles de los que normalmente nadie querría hablar ni compartir en público.
- Encontrar una solución para que las personas no tengan que relatar todo el tiempo su propia historia, para que puedan apoyarse en ejemplos que no son los suyos y dar a conocer su reflexión.
- Comprometerse todos juntos a conservar la confidencialidad sobre todo lo dicho y escrito en el trabajo común.
- La participación puede representar otro riesgo: la incomprensión del propio entorno. Pertenecer a un grupo de referencia y ser acompañado son las condiciones necesarias para entender estos riesgos y enfrentarlos.
- Experiencias positivas y tiempo. Es preciso que las personas prueben a participar con otras en un evento sin que se les juzgue o se les rechace y sin que esto ponga en peligro a su familia, que se den cuenta de que esto les hace felices y les brinda alegría y fuerza a su familia. Estos primeros pasos requieren un enorme esfuerzo de parte de las personas que han perdido la confianza en ellas mismas y en su entorno.
- Incorporarse al medio, a un grupo de referencia. A pesar del encierro al que conduce la precariedad, las personas y familias que viven en la miseria no son casos aislados. Pertenecen a un medio, encuentran apoyo en las relaciones con su familia que se agranda y sin las cuales no podrían vivir. Esos lazos con su medio les son necesarios para comprender su vida y salir de la situación en la que están encerradas. Nadie puede liberarse solo; cada uno necesita a los suyos, necesita a su medio para comprender su historia y su vida, superar la vergüenza y atreverse a actuar. Es indispensable crear espacios de libertad, de expresión y de formación donde los muy pobres puedan expresarse, escuchar a los demás, aprender, dialogar en un clima de confianza y de buena convivencia. De esta manera, las personas en situación de pobreza se dan cuenta de que no están solas, de que no son las culpables de lo que les sucede, de que la miseria no es ni una fatalidad ni una vergüenza y de que si asocian a otras personas, libremente, pueden tomar el control de sus vidas y desarrollar su pensamiento.
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Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar
Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede
Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien
Salud, Pobreza y Cuidados (IV): Hay recursos, hay activos... pero hay que saber mirar
Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán
Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán
Salud, Pobreza y Cuidados (VI): Liberar la palabra y la experiencia
Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas
5 jun 2016
Salud desahuciada
Encuentro en el blog de Javier Segura este vídeo compartido desde la Escuela Andaluza de Salud Pública: “Desahucio y Salud”, presentado con estas palabras por Ainhoa Ruíz: “Os paso el enlace al vídeo documental que hemos
realizado para difundir los resultados de un proyecto de investigación
(“‘Procesos de desahucio y salud'”), que hemos hecho junto a Stop-Desahucios-15M Granada.
En esta investigación hemos querido recoger las voces y vivencias de
las personas que están o han sufrido un proceso de desahucio en
Andalucía y la repercusión que todo ello está teniendo en su salud.
También intentamos reflejar el papel que tienen las plataformas ciudadanas
en este proceso y la autorreflexión que hemos hecho las personas del
equipo investigador. Este vídeo es para difundir, contiene cachitos de
vidas que merecen ser conocidas, escuchadas y contadas”.
Pocas dinámicas hay actualmente en defensa y promoción de la salud como estas redes de apoyo mutuo.
Pocas dinámicas hay actualmente en defensa y promoción de la salud como estas redes de apoyo mutuo.
Posología: ver este vídeo tras cada intoxicación por discursos del tipo "ya salimos de la crisis", acompañado de la siguiente canción revitalizante:
30 may 2016
Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán
Hace ahora un año se rompió la tibia y el peroné, y tras la operación no llegó a recuperarse bien. Le acompañé en las visitas de revisión de los siguientes meses y las radiografías mostraban que el hueso no terminaba de consolidar bien. Cada vez quedaba más claro que no había otra opción que volver a operar. Pero, ¿merecía la pena? Para muchxs que le conocen la respuesta aparece enseguida, espontánea. Incluso para él, de primeras también. ¿Para qué volver a enfrentarse al miedo de entrar en un quirófano? ¿Quién le podría apoyar en la recuperación, mientras sea más dependiente? ¿Y si la cosa va mal, cómo podría seguir rebuscando chatarra, que es su medio para ganarse la vida? Más aún... ¿A quién le importaba lo que le pasase?
Hablamos mucho durante algunas semanas sobre el tema. Las visitas compartidas al traumatólogo permitían poner encima de la mesa toda la información recibida con el tiempo necesario para resolver sus dudas, y al mismo tiempo avanzar sobre los miedos e inseguridades que aparecían. Hasta el último día no supe si iba a ir o no. Tras organizarme para poder acompañarle en el ingreso, lo adelantaron un día y, pese a hablar con su hijo para que le acompañara, al final éste falló y tuvo que enfrentarse solo al momento de presentarse en hospital y entrar al quirófano, con sus incertidumbres e inseguridades a cuestas. Solo, aunque no tanto como en otras ocasiones. La decisión era suya, pero construida en diálogo. Alguien más se interesó por su suerte.
Tras la operación le visité en el hospital y le encontré animado, contento pese a las molestias. En pocos días le dieron el alta, y cuando fui a verle la semana siguiente me recibió tranquilo en su casa. "Te estaba esperando", me dijo mientras me señalaba la carpeta que le habían dado en el hospital con las recetas de los diferentes medicamentos reseñados en el informe. De hecho había varias medicinas que debería haber tomado desde el primer día para evitar complicaciones, pero ni siquiera las había ido a buscar a la farmacia por miedo a que se repitiera el rechazo de otras ocasiones por no tener la tarjeta sanitaria actualizada. Es fácil descargar toda la responsabilidad en él, pero ¿nadie se había preocupado en el hospital de asegurarse antes del alta de que él o
alguien de su entorno tenía claros los cuidados que debía llevar en
casa y que tenía acceso a los medicamentos necesarios?¿No debería ser algo a tomar siempre en cuenta?
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En muchas ocasiones nos cuesta comprender determinadas decisiones que parecen indicar que no hay interés ni capacidad de cuidarse a si mismo. Y es que es difícil de entender para quien no lo ha sufrido lo que supone sentir un rechazo y culpabilización continua, la constatación de que, como me decía una mujer golpeada una y mil veces, de manera constante, por la miseria, "molestamos en todas partes", "nos consideran peor que a los perros". Si la experiencia cotidiana te señala que tu vida no vale practicamente nada, tanto para tí como para quienes te rodean, ¿dónde encontrar razones para luchar?¿por qué esforzarse en cuidar lo que parece que no merece más que caer en el olvido?
"La pobreza mata poco a poco, te quita la fuerza de vivir. Y además la hemos heredado y se la hemos pasado a nuestros hijos. ¿Cómo vivir con esto?".
En este contexto, sentir que alguien te dice "a mí me importas" supone un revulsivo frente al abondono al que empuja la extrema pobreza y la exclusión. Un primer paso para poder volver a abrazar la vida.
Nadie vive en la pobreza por gusto. A nadie le gusta sentirse golpeado y despreciado, tratado como un incapaz desecho (in)humano. La miseria es fruto de nuestra construcción social, y analizando ésta podemos constatar cómo cada vez se individualiza y culpabiliza más a quienes la sufren. En una sociedad que apela como un mantra a la responsabilidad individual, se invisibilizan y cortan las redes y vínculos que antaño servían de refugio frente al desamparo. Muchas de las identidades que congregaban a quiénes habitaban los márgenes de la sociedad (la clase obrera en sus orígenes, el lumpen proletariado, gitanos, quinquilleros, etc.) aunque tuvieran una carga estigmatizante, al mismo tiempo aportaban un espacio colectivo en el que poder reconocerse mutuamente y construir un saber y una acción con otros. Sin embargo, cada vez más, el modelo de progreso impuesto impone la necesidad de romper esos lazos en pos de la buena "integración", que siempre va en el mismo sentido, el de la renuncia a los valores y saberes propios para asumir los de la mayoría "normalizada".
En este sentido el papel de lxs profesionales ha sido clave, con un abordaje centrado en "casos" que no ve más allá de la familia nuclear, dejando al margen una visión más comunitaria y desconfiando y tratando de desactivar las redes de apoyo mutuo que pueden poner en cuestión sus intervenciones. Para muestra, el conflicto que surgió hace unos meses entre Invisibles de Tetuán y Servicios Sociales de dicho distrito, denunciado en un comunicado por CCOO que señalaba los acompañamientos que se hacían para apoyar a lxs usuarixs de los mismos como una amenaza y riesgo para lxs trabajadorxs. Un despropósito bien señalado en la contraréplica de Invisibles: "¿Acoso o defensa de las víctimas?".
Este tipo de actuaciones termina generando miedo, impotencia, frustración, soledad... ¿Cómo apoyar entonces las dinámicas de cuidado en situaciones de pobreza? No hay otra manera de hacerlo que a través de la (re)construcción de una responsabilidad común y del reconocimiento de los vínculos colectivos. En este sentido no basta con dejar de culpabilizar de su situación de exclusión a quien la sufre. Hay que estar dispuestxs también a abrir las miras y buscar entre todxs las buenas preguntas a resolver sobre las claves de un cuidado colectivo que permita la sostenibilidad de la(s) vida(s), sin excepción y de manera digna y respetuosa con los Derechos Humanos.
Para esto el primer paso es poner los medios para que sea posible el desarrollo y reconocimiento de un pensamiento libre y autónomo de lxs diferentes agentes inmersos en un proceso como este. Al igual que lxs profesionales se reunen en sociedades de diverso tipo en función de sus intereses para desarrollar su pensamiento y dar más fuerza a su acción, al igual que la ciudadanía reconocida como tal construye espacios colectivos de reflexión e intervención en torno al vecindario o determinados aspectos de la vida compartida, así también debemos de dejar de obstaculizar y (dada la historia de destrucción y debilitamiento previo) promover el desarrollo de espacios y redes en los que quienes viven en los márgenes puedan reconocerse pese a su diversidad, construir una palabra colectiva y convertirse en agentes activos de transformación social. Esto, claro está, supone estar dispuestxs a ponernos en marcha y a arriesgar juntxs, renunciando a cuotas privadas de poder y responsabilidad.
Más allá de la voluntad y las capacidades, el cuidado propio y ajeno no puede construirse si no hay una base mínima de esperanza. Una esperanza que no puede nacer, nunca, de manera aislada, sino que es fruto de un encuentro con otrxs que empuja a la acción ("Sólo no puedes. Poder se conjuga en plural") y al descubrimiento a través de ésta de lo que uno/a puede aportar. Una puerta que se abre así a la apuesta de hacer camino juntxs, cuidando unxs de otrxs y en común.
"La pobreza mata poco a poco, te quita la fuerza de vivir. Y además la hemos heredado y se la hemos pasado a nuestros hijos. ¿Cómo vivir con esto?".
En este contexto, sentir que alguien te dice "a mí me importas" supone un revulsivo frente al abondono al que empuja la extrema pobreza y la exclusión. Un primer paso para poder volver a abrazar la vida.
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Nadie vive en la pobreza por gusto. A nadie le gusta sentirse golpeado y despreciado, tratado como un incapaz desecho (in)humano. La miseria es fruto de nuestra construcción social, y analizando ésta podemos constatar cómo cada vez se individualiza y culpabiliza más a quienes la sufren. En una sociedad que apela como un mantra a la responsabilidad individual, se invisibilizan y cortan las redes y vínculos que antaño servían de refugio frente al desamparo. Muchas de las identidades que congregaban a quiénes habitaban los márgenes de la sociedad (la clase obrera en sus orígenes, el lumpen proletariado, gitanos, quinquilleros, etc.) aunque tuvieran una carga estigmatizante, al mismo tiempo aportaban un espacio colectivo en el que poder reconocerse mutuamente y construir un saber y una acción con otros. Sin embargo, cada vez más, el modelo de progreso impuesto impone la necesidad de romper esos lazos en pos de la buena "integración", que siempre va en el mismo sentido, el de la renuncia a los valores y saberes propios para asumir los de la mayoría "normalizada".
Este tipo de actuaciones termina generando miedo, impotencia, frustración, soledad... ¿Cómo apoyar entonces las dinámicas de cuidado en situaciones de pobreza? No hay otra manera de hacerlo que a través de la (re)construcción de una responsabilidad común y del reconocimiento de los vínculos colectivos. En este sentido no basta con dejar de culpabilizar de su situación de exclusión a quien la sufre. Hay que estar dispuestxs también a abrir las miras y buscar entre todxs las buenas preguntas a resolver sobre las claves de un cuidado colectivo que permita la sostenibilidad de la(s) vida(s), sin excepción y de manera digna y respetuosa con los Derechos Humanos.
Para esto el primer paso es poner los medios para que sea posible el desarrollo y reconocimiento de un pensamiento libre y autónomo de lxs diferentes agentes inmersos en un proceso como este. Al igual que lxs profesionales se reunen en sociedades de diverso tipo en función de sus intereses para desarrollar su pensamiento y dar más fuerza a su acción, al igual que la ciudadanía reconocida como tal construye espacios colectivos de reflexión e intervención en torno al vecindario o determinados aspectos de la vida compartida, así también debemos de dejar de obstaculizar y (dada la historia de destrucción y debilitamiento previo) promover el desarrollo de espacios y redes en los que quienes viven en los márgenes puedan reconocerse pese a su diversidad, construir una palabra colectiva y convertirse en agentes activos de transformación social. Esto, claro está, supone estar dispuestxs a ponernos en marcha y a arriesgar juntxs, renunciando a cuotas privadas de poder y responsabilidad.Más allá de la voluntad y las capacidades, el cuidado propio y ajeno no puede construirse si no hay una base mínima de esperanza. Una esperanza que no puede nacer, nunca, de manera aislada, sino que es fruto de un encuentro con otrxs que empuja a la acción ("Sólo no puedes. Poder se conjuga en plural") y al descubrimiento a través de ésta de lo que uno/a puede aportar. Una puerta que se abre así a la apuesta de hacer camino juntxs, cuidando unxs de otrxs y en común.
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Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar
Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede
Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien
Salud, Pobreza y Cuidados (IV): Hay recursos, hay activos... pero hay que saber mirar
Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán
Salud, Pobreza y Cuidados (V): Los cuidados serán en común, o no serán
Salud, Pobreza y Cuidados (VI): Liberar la palabra y la experiencia
Salud, Pobreza y Cuidados (VII): Revisando las perrillas
8 may 2016
La ciencia no es un misterio
Qué texto más majo de Fals Borda comparte Rafa Cofiño en su blog. Para saborear y repensar nuestra situación en la construcción de conocimiento:
“No monopolices tus conocimientos ni impongas arrogantemente tus técnicas , pero respeta y combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas como socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que respondan a intereses dominantes, pero se receptivo a las narraciones y trata de capturarlas nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, pero recupera los valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción por y con las organizaciones de investigación. No impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente comprensible e incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales”.
“No monopolices tus conocimientos ni impongas arrogantemente tus técnicas , pero respeta y combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas como socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que respondan a intereses dominantes, pero se receptivo a las narraciones y trata de capturarlas nuevamente. No dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, pero recupera los valores locales, rasgos, creencias y artes para la acción por y con las organizaciones de investigación. No impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo que has aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente comprensible e incluso literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente un misterio ni un monopolio de expertos e intelectuales”.
25 abr 2016
Proponiendo alternativas
Este artículo de Abel Novoa hay que leerlo sí o sí, y de vez en cuando para que no perdamos la perspectiva:
1.- Introducción
La crisis financiera mundial, unida a la medioambiental (cambio climático, agotamiento de los combustibles fósiles, incremento de la huella ecológica) y a la social (aumento de las desigualdades y de la pobreza tanto dentro de las sociedades desarrolladas como entre el Norte y el Sur del planeta), ha puesto de manifiesto la imposibilidad de seguir alimentando un modelo basado en el crecimiento económico infinito, el progreso tecnológico dirigido por el mercado y el hiper-consumo.
El decrecimiento económico (Latouche, 2008; Taibo, 2009) es el paradigma que emerge con más capacidad para aportar un enfoque, a la vez humanista y ecológicamente sostenible, a los retos de la “ciclogénesis explosiva” en la que nos encontramos. Su aplicación a la atención sanitaria y los servicios de salud está por desarrollar, pero, por lo pronto, decrecer en atención sanitaria para crecer en salud y equidad parece la única alternativa viable a las soluciones que tan solo propugnan “mejor gestión”, en un sistema de salud que ha perdido la visión de sus fines (Hasting, 1996). El paradigma decrecentista aplicado a la medicina y a la atención sanitaria implica un cambio total de mentalidades, prioridades y conceptos que hemos denominado, en un afán por diferenciarlo del actual paradigma biomédico, post-medicina (Novoa, 2013).
2. Ineficiencia y falta de sentido del paradigma biomédico
Post-medicina: Una alternativa ecopolítica al paradigma biomédico
1.- Introducción
La crisis financiera mundial, unida a la medioambiental (cambio climático, agotamiento de los combustibles fósiles, incremento de la huella ecológica) y a la social (aumento de las desigualdades y de la pobreza tanto dentro de las sociedades desarrolladas como entre el Norte y el Sur del planeta), ha puesto de manifiesto la imposibilidad de seguir alimentando un modelo basado en el crecimiento económico infinito, el progreso tecnológico dirigido por el mercado y el hiper-consumo.
El decrecimiento económico (Latouche, 2008; Taibo, 2009) es el paradigma que emerge con más capacidad para aportar un enfoque, a la vez humanista y ecológicamente sostenible, a los retos de la “ciclogénesis explosiva” en la que nos encontramos. Su aplicación a la atención sanitaria y los servicios de salud está por desarrollar, pero, por lo pronto, decrecer en atención sanitaria para crecer en salud y equidad parece la única alternativa viable a las soluciones que tan solo propugnan “mejor gestión”, en un sistema de salud que ha perdido la visión de sus fines (Hasting, 1996). El paradigma decrecentista aplicado a la medicina y a la atención sanitaria implica un cambio total de mentalidades, prioridades y conceptos que hemos denominado, en un afán por diferenciarlo del actual paradigma biomédico, post-medicina (Novoa, 2013).
2. Ineficiencia y falta de sentido del paradigma biomédico
19 abr 2016
Salud, Pobreza y Cuidados (IV): Hay recursos, hay activos... pero hay que saber mirar
Pocas veces nos paramos a revisar lo que cada uno colocamos detrás del termino salud. Hay diferentes deficiones formales que facilitan un marco general, como la de la OMS que se mantiene como referente pese al constante debate generado en torno a ella: "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Son precisamente algunos de los reproches que se hacen a esta definición, al ser tachada de utópica y subjetiva, los que indican algunas claves fundamentales por las que este término sigue siendo tan importante. Porque sí, la salud no deja de ser una utopía, un anhelo, una búsqueda de mejoría en determinadas dimensiones de la existencia, y al mismo tiempo tiene una dimensión irrenunciablemente subjetiva. Por más que nos empeñemos, la salud no es solo lo que dictamos lxs profesionales sanitarixs, sino que su significado se construye a partir de las experiencias y claves vitales de cada persona y colectivo. Esto da lugar a diferentes ideas y culturas de la salud, aunque muchas veces no nos resulta fácil percibirlo ya que en el ámbito profesional cuesta salir de la "dictadura del experto", en la que es éste el que difunde su saber acallando el de las personas legas, y en el personal nuestras relaciones suelen ser en general con gentes que pertenecen a nuestro mismo grupo social y cultural, y por tanto con unas pautas similares de cara a la construcción de la idea de salud.
Pero esto pasa así en todos los grupos sociales: las experiencias comunes y la cultura que se desarrolla a partir de éstas marcan una percepción compartida del mundo en todas sus dimensiones, con matices personales siempre, pero también con una matriz común que permite el reconocimiento y el diálogo mutuo. Esto es algo que va más allá de los agrupamientos étnicos y raciales. Por supuesto que la cultura gitana, árabe, latina, etc., contienen elementos propios y diferenciados, pero también los tienen otras identificaciones colectivas posibles: la gente "de barrio", "los de abajo", "los invisibles", "el Cuarto Mundo"... ¿Cómo se entiende la salud y el bienestar desde estos lugares sociales? Y, a partir de este enfoque, ¿qué recursos potencian su cuidado?
A esto se añade otro problema. Además de que se parte de una idea de salud genérica sin explorar qué entienden lxs habitualmente excludixs en este sentido y qué les moviliza a actuar de cara a su cuidado, en muchas ocasiones el trabajo con estos colectivos se acompaña de un etiquetado como "vulnerables" que potencia la identificación de agentes externos como únicos posibles "activos en salud", mientras que invisibiliza los que existen dentro de sus propias redes de apoyo y cuidado.
A esto se añade otro problema. Además de que se parte de una idea de salud genérica sin explorar qué entienden lxs habitualmente excludixs en este sentido y qué les moviliza a actuar de cara a su cuidado, en muchas ocasiones el trabajo con estos colectivos se acompaña de un etiquetado como "vulnerables" que potencia la identificación de agentes externos como únicos posibles "activos en salud", mientras que invisibiliza los que existen dentro de sus propias redes de apoyo y cuidado.
Sin embargo, esta idea es engañosa y puede llevarnos a muchas equivocaciones. Quienes viven en pobreza no cesan de poner en juego todos los recursos biológicos, materiales, psicosociales y culturales de los que disponen para tratar de salir adelante y construir salud. Son esos Recursos Generales de Resistencia (de resistencia saben mucho quienes viven en extrema pobreza) que planteaba Antonovsky en su modelo salutogénico, y que se complementan con la capacidad de usar estos recursos (Sentido de la Coherencia), basada en la capacidad de comprender lo que pasa, ser consciente de las habilidades que se tienen y tener capacidad para convertir lo que se hace en satisfactorio para la propia vida.
En este punto es interesante recordar la diferencia entre recurso y activo en salud. Porque ambos favorecen y capacitan para la producción de ésta, pero el activo es identificado y utilizado en este sentido, mientras que el recurso puede quedar al margen, usarse o no (o incluso, añado yo, ser utilizado pero sin que se reconozca su contribución a la salud).
Desde mi punto de vista, este el principial problema que tienen las estrategias y prácticas de cuidados de quienes habitan los márgenes: los recursos que movilizan en función de sus prioridades generalmente no son reconocidos como tales, e incluso en muchas ocasiones se censuran o marcan como inadecuados, sin entrar a analizar el sentido que tienen dentro de un esquema vital construido a partir de una experiencia constante de falta de reconocimiento, exclusión y carencias materiales.
Así, para quien el principal pilar de la salud es mantener a su familia unida (algo que no es nada loco, ya que va en la línea de lo que plantea Marmot al señalar la importancia de las redes de apoyo como determinante de la salud, tanto más en situación de exclusión social), sentir de manera frecuente el juicio de diferentes profesionales sobre ella, junto con el peligro de que alguien decida que lo mejor es separar a lxs menores de su entorno familiar, será vivido como el principal riesgo a prevenir. Pero el que en un caso así, por ejemplo, una madre decida quitar ella misma la escayola a su hijo y no llevarle a revisión porque en la visita a Urgencias en la que se la pusieron le dejaron bien claro que sospechaban que pudiera haber malos tratos, enseguida es señalado como inapropiado e irresponsable. Sin embargo, hay una reflexión detrás de este comportamiento, basada en la constatación a partir de la propia experiencia o de gente cercana de que la separación de un menor de sus progenitores nunca es una buena noticia y puede tener consecuencias muy negativas tanto en pequeñxs como en mayores. Hay un sentido, un porqué movilizador de esos recursos de resistencia que no nos atrevemos nunca a identificar como activos porque van en contra del sentido común institucionalizado. Ni siquiera quienes los utilizan podrán reconocerlos como tales si no es en el marco de relaciones de confianza que permitan un análisis de la situación honesto y en profundidad. En este contexto podrían señalar que cuidar la salud es resistir frente a las amenazas.
Permanentemente quienes viven en pobreza se encuentran con mensajes que remarcan su incapacidad y su mala cabeza para tomar decisiones. Les llueven de diferentes maneras los "tú lo que tienes que haces es...". Se les empuja a no utilizar sus recursos y capacidades, a bloquear o al menos esconder algunos activos en salud que pueden tener identificados como tales, pero que otrxs con un conocimiento más legitimado y mayor autoridad no reconocen ni valoran, si no es que los ven como amenazas. Luego se les echa en cara que no se hacen cargo de su vida, de sus responsabilidades. Pero si no les tratamos como personas adultas y capaces de dar un sentido a lo que hacen, comprendiendo lo que les pasa y actuando en consecuencia teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones, no les quedará otra que seguir cuidando de su salud y la de los suyos en las periferias que dejemos libres de intervenciones profesionales.
El problema es que así no es posible el encuentro entre unos y otras, y seguiremos moviéndonos en mundos paralelos con cruces ocasionales que no dejarán de ser bailes de máscaras. Pero cuidar la salud es sostener la vida, sin excepción, la de todas y todos. Y eso sólo es posible a partir de una dinámica de encuentro y diálogo a largo plazo, en la que se afiance la confianza, la comprensión y el respeto mutuo. Ese es el reto a construir: un sentido de la coherencia compartido que nos permita poner en juego todos los activos personales, colectivos e institucionales hacia un un mismo horizonte de salud común.
Imagen extraida de la web de eme3
Salud, Pobreza y Cuidados (I): Empecemos a hablar
Salud, Pobreza y Cuidados (II): Cuando no se puede, no se puede
Salud, Pobreza y Cuidados (III): Hay muchas maneras de abandonar a alguien
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Quienes viven en pobreza son una carga para la sociedad. Al menos eso es lo que les transmiten siempre: siempre pidiendo, sin aportar por su lado al sistema, consumiendo recursos sin resultados a cambio.
Aunque parezca muy duro decirlo así, son mil y un los mecanismos a través de los cuales hacemos llegar estos mensajes a quienes viven en mayor precariedad. Las ayudas sociales son escasas y claramente insuficiente (¿Quién puede vivir realmente con lo que dan como Renta Mínima de Inserción?), pero se dan como si fueran grandes sumas que hay que fiscalizar para evitar la estafa; las visitas médicas suelen poner en evidencia lo mucho que se ha gastado en medicación con nulo resultado, casi culpando a quien demanda ayuda de no cansarse de compartir su malestar; las políticas de vivienda social... ¡Ah, no, que de eso no hay! Bueno, sí, se hace política criminalizando las alternativas que encuentra la gente y dificultando el acceso a servicios básicos.
Hay un debate que se repite de manera reiterativa, basado en una perspectiva economicista: "¿A alguien que no deja de fumar/beber se le incluye en la lista de trasplantes del cáncer de pulmón/hígado?". Esto se puede ampliar al "Si no se toma el tratamiento que le digo, no venga a verme más", y tantas otras variantes de culpabilización individual. Porque claro, plantearse la responsabilidad colectiva y social que tenemos respecto a las condiciones y hábitos de vida en las que vivimos no solo nosotrxs, sino otras personas, eso es pedir demasiado. Incluso algunxs acusan a esta perspectiva de paternalista, parece que la preocupación por otrxs no se puede establecer con otros modos más horizontales.
Pensando en estas cosas no puedo evitar acordarme de mi rotación en la la UVAAD (Unidad de seguimiento cercano y Apoyo a la Atención Domiciliaria perteneciente al Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Gregorio Marañón). En ella Pedro Montilla y Elena Bermudez, junto con otros profesionales sanitarios, vienen trabajando desde hace años con pacientes infectados por el VIH que por diferentes razones (aunque en casi todos los casos relacionadas con una situación de exclusión social) han tenido dificultades en el seguimiento de unas pautas de tratamiento y en el control evolutivo de su enfermedad en otras unidades.
Un estudio realizado en esta unidad durante el periodo 2004-2006 demostró que la intervención de la UVAAD mediante un abordaje específico, individualizado, interdisciplinar, activo y sostenido, atento a los aspectos psicológicos, sociales y sanitarios en el día a día y en el entorno del paciente es capaz de neutralizar efectos negativos clásicamente asociados al fracaso terapéutico en pacientes con infección VIH, con una eficacia similar a la de cualquier nuevo antirretroviral puesto en el mercado comparando las mismas variables (supervivencia, adherencia al tratamiento, etc.).
Pero esto no se logra por casualidad. Es fruto de dos claves de partida compartidas por el grupo de profesionales que lo puso en marcha: por un lado la indignación y ganas de entender las causas que permitían la muerte de muchxs jóvenes (en algún momento llegaban a morir 3 al día en Madrid) cuando ya había tratamiento para el VIH, pero que ellxs no tomaban; por otro el compromiso que nace de asumir la responsabilidad profesional que se tiene frente a esto, sin tirar del comodín "es que no hace lo que le digo". Y ese compromiso es el que les llevó a patearse los barrios de chabolas, a analizar con la gente sus dificultades y a buscar soluciones adaptadas (siempre me acordaré del calendario con las pastillas pegadas para asegurar la toma regular, y así mil y un ejemplos).
Claro que hay tratamientos caros que si no se administran adecuadamente suponen una pérdida de dinero. Sin embargo, la solución no es retirarlos cuando la situación de precariedad es grande, sino dedicar el tiempo, la escucha y la inteligencia propia y ajena para encontrar alternativas.
Pero esto pasa también por escapar de los cantos de sirena de la tecnología e invertir en mejorar las condiciones de vida y establecer una base mínima de seguridad frente a la vulnerabilidad. Garantizar unos ingresos dignos a todas las personas, la estabilidad de una vivienda, apostar por mejorar la convivencia en los barrios más deprimidos. Todo esto, aunque parezca de otro mundo, es salud, previene la enfermedad, aumenta la esperanza de vida. Como aparecía publicado hace poco, ¿quieres disminuir los costes de tu sistema sanitario? Pues disminuye las desigualdades.
No queda otra: para mejorar la salud, hay que aumentar el gasto social y mejorar las condiciones de vida. Sin eso, lo sanitario no dejará de ser algo paliativo en su mayor parte.