Nada nos hacía pensar que fuera a haber problemas, ya que la legislación nos parece bastante clara al respecto. La exención de pagos se recoge en dos regulaciones diferentes: la primera es el funesto RDL 16/2012 que además de modificar la cobertura sanitaria universal para restringirla a aquellos que son asegurados, también regulaba el porcentaje de pago de las prescripciones según renta. En el RDL se dice que están exentos de pago aquellos que reciben rentas de inclusión (capítulo IV, punto 13.8 del RDL 16/2012) . La segunda regulación aparece en la normativa sobre renta mínima de la comunidad de Madrid, recogiéndose en el artículo 531 que aquellos que son beneficiarios de la renta mínima de inserción están exentos de pagar las prescripciones de medicamentos.
Pero como decíamos, esta situación no es una anécdota. Este ha sido el primer caso de una veintena que hemos conocido en estas semanas. En algunos de ellos parece que el motivo es que la pareja no está casada legalmente, pero en otros casos sí que lo están y sin embargo les han quitado también la exención de pago, así que no alcanzamos a entender cuáles son los motivos del cambio en la aplicación de la normativa. Al ver que no se trataba de un caso aislado, preguntamos a las trabajadoras sociales del centro de servicios sociales municipal (las encargadas de ayudar a tramitar la renta mínima) para ver si ellas sabían a qué se debían los cambios. La misma perplejidad, las mismas dudas y tan sólo alguna explicación vaga de que la tesorería se está poniendo “más estricta con el cumplimiento de los criterios” y la iniciativa de “elevar” estas incidencias con la RMI a instancias superiores dentro del organigrama municipal.
También hemos insistido en enviar notas a través de los pacientes a la tesorería de la seguridad social para que nos explicaran a qué se debía este cambio brusco, adjuntando correos electrónicos y teléfonos pero todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotras. La verdad es que ya nos corroe la intriga, no ha habido ninguna modificación en las dos regulaciones que contemplan el derecho a farmacia gratuita para los receptores de Renta Mínima y sin embargo se ha restringido de golpe sólo a los titulares. Cosa curiosa, ya que la RMI no se concede a una persona a título individual (salvo que esté sola) sino a la unidad de convivencia: de hecho para seguir percibiendo esta renta, todos los miembros de la unidad familiar tienen que cumplir con ciertas obligaciones como la escolarización, búsqueda de empleo… sin embargo, parece que ahora sólo cuenta el titular para la exención de pago, como si el resto de convivientes tuvieran otra forma de pagar las medicinas que no fuera la exigua RMI que reciben.
Acostumbradas como estamos a abrir cartas con logotipos institucionales informando del cambio de profesional sanitario o de la necesidad de vacunar a la progenie con la siguiente vacuna del calendario vacunal, echamos de menos una carta (o un whatsapp para ser más modernos) informando de los motivos por los que alguien que antes estaba exento de pagar las medicinas ya no lo está.
¿Un nuevo ataque a los derechos de quienes lo tienen más difícil para salir adelante? ¿Un nuevo recorte para ahorrar unos eurillos con los que reflotar la macroeconomía? ¿O simplemente un misterio veraniego a resolver con el que nuestras autoridades quieren que estemos entretenidos este verano?
No sabemos bien, pero mientras lo descubrimos, si es pobre, por si acaso acuérdese de no enfermar.
Fdo. Lxs Insegurxs Sociales
Yo acabo de denunciar 45 fraudes a la seguridad social (45!!!) a un solo usuario, residente de geriátrico, por el procedimiento del uso de sus datos personales para dispensar medicamentos que no tomo, algunos de ellos con abuso económico directo ( otros no) a lo largo de 3 años por 4 farmacias distintas farmacias y no hacen nada. Todo bien documentado cotejando las facturas del usuario, la del servicio sanitario y la prescripción médica teorica
ResponderEliminarHa denunciado ante la Agencia de Protección de Datos?. Son las denuncias que más prosperan. Además, hay una gran penalización por estos delitos y por tanto, gran indemnización para usuarios perjudicados por el manejo de sus datos personales, sin su autorización, expresamente firmada de forma libre. Sin coacciones.
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